28 de Febrero Manuel Álvarez Rodríguez

Esta semana hemos visto una movilización sin precedentes en España: una manifestación de jubilados que desbordó las expectativas de sus convocantes.

¿Por qué tal éxito? ¿Qué ha cambiado? Los abuelos de hoy saben usar el correo electrónico, Twitter, Facebook, Whatsapp y disponen de tiempo suficiente como para difundir los mensajes a todo lo largo y ancho de la piel de toro.

El gobierno balbucea respuestas, noqueado y sorprendido por semejante traición de sus bases. ¿Cómo es posible? ¿No es acaso cierto que las pensiones crecen en número y cuantía media? ¿No es notorio que los jubilados son un segmento de la población al socaire de la crisis? ¿Que durante varios años han ganado poder adquisitivo mientras los trabajadores convencionales lo han perdido drásticamente durante el proceso de devaluación interna competitiva que vivimos? ¿Que nuestro sistema público de pensiones es relativamente más generoso que los de otros países de nuestro entorno, como recientemente ratificó la OCDE?

Pues sí, a pesar de todo esto, los jubilados se levantan en armas. Podrían dejar de alimentar las palomas en el parque o de vigilar las obras públicas, pero amenazan con algo mucho más serio para el gobierno: dejar de ser su feudo de votantes y segarle la hierba debajo de sus pies en las próximas elecciones. Y es que ya superan los 9,5 millones de beneficiarios.

En la base del problema emergente está una reforma de pensiones propuesta por el gobierno, que nació con varios problemas de parto:

Creó el Índice de Revalorización de Pensiones al margen del Pacto de Toledo, con lo que carece de la necesaria legitimidad institucional.

Adoptó una fórmula técnicamente discutible e imposible de entender por el jubilado de a pie. Sin embargo, los pensionistas sí que son sensibles a sus efectos, por lo que se sienten legítimamente estafados.

Un fallo estratégico claro al facilitar la creación de un frente unificado de intereses contra el gobierno.

Este último elemento es clave: al establecer una subida fija para todos los pensionistas independientemente de que su pensión sea de 600 o de 2.500 Euros al mes, ha logrado unificar un frente común de rebeldes con causa desigual. Craso error estratégico, del cual comienzan a arrepentirse.

Adicionalmente, hay que considerar varias razones para no revisar las pensiones con un porcentaje igual para todos:

Es de justicia social subir más las pensiones bajas.

Además, desde un plano economicista puro, asumiendo que la propensión marginal al consumo es decreciente, subir más las pensiones más bajas favorece la demanda interna de bienes de consumo y el crecimiento de la demanda interna.

Desde un punto de vista de la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, las pensiones más bajas se corresponden con los pensionistas de mayor edad, con menor esperanza de vida. Por tanto, incrementar sus pensiones más que la media supone un menor coste actuarial que elevarlas por igual a todos los tramos.

¿Qué podría impulsarse desde el Gobierno? Enmendar esta reforma de pensiones, proponiendo otra basada en:

Un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo, con un respaldo mayoritario de las fuerzas políticas

Una fórmula de revisión de pensiones que mejore más las pensiones por debajo de un umbral mínimo y además sea simple y entendible por todos.

Un sistema que alinee los objetivos de los pensionistas y del resto de los cotizantes a la Seguridad Social.

Una fórmula que contenga los costes actuariales de la sostenibilidad del sistema.

En otros países la revalorización global de las pensiones está indiciada al crecimiento del coste del factor trabajo. Entre otras cosas, porque las cotizaciones de los trabajadores en activo sirven para pagar las pensiones de los beneficiarios. Parece razonable que los beneficiarios del Sistema de Pensiones disfruten o sufran de forma similar a la evolución del coste medio salarial.

Y además resulta sano socialmente que los pensionistas no se encuentren al margen de los avatares de la economía productiva. Hay que evitar una divergencia de intereses entre población activa y beneficiarios del sistema público de pensiones. ¿Por qué? Un ejemplo reciente lo pone de manifiesto. En Gran Bretaña los empleados en activo y especialmente los jóvenes no eran favorables al Brexit por poner en riesgo sus puestos de trabajo y su futuro. Sin embargo, los jubilados, considerando que sus pensiones están garantizadas, votaron mayoritariamente a favor del salir de la Unión Europea, evidenciando un egoísmo populista tóxico.

Más cerca, en España, a través de las redes sociales hemos visto como se difunden propuestas demagógicas como la de que los jubilados no paguen el IRPF. Hay que desenraizar este proceso de esquizofrenia social creciente.

En conclusión, el Pacto de Toledo debe activarse urgentemente, aunque sea solo para corregir errores de la anterior legislatura. Hablar de una reforma más profunda del sistema de pensiones, a pesar de ser necesaria, puede esperar un poco más.